Un Ayuntamiento inquieto y una victoria sobre la SGAE

El Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra) ha sido eximido del pago que la SGAE le reclamaba por las ediciones 2004-2008 de sus fiestas patronales. Ha sido así porque el Tribunal considera que " la colaboración del Concello se limitó a una ayuda económica, la disposición de la propiedad pública y la seguridad en relación a las actividades artísticas", pero que "no tuvo intervención alguna en la elección de artistas, en su contratación ni en el pago de sus honorarios".

La SGAE le reclamaba inicialmente 69.261,64 euros por los derechos de autor de las actividades organizadas en las fiestas patronales, aunque esta cantidad enseguida se vio rebajada a 48.468,93 euros, después de que la administración local corrigiese diversa documentación aportada por la entidad.

Me encanta. Me encanta ver a un Ayuntamiento que no se queda con lo que la SGAE le demanda, y le planta cara en los Tribunales. En un primer momento esto ya le permitió matizar la cantidad reclamada. Pero es que al final, y en virtud de una defensa que basó en separar el papel del empresario organizador de eventos del de la administración pública que simplemente colabora con una aportación económica, ha conseguido la absolución y ha librado a todos sus ciudadanos del pago de una importante cantidad de dinero por este concepto.

Se dan, de todas formas, muchas resoluciones contrarias a los Ayuntamientos en casos que -hasta donde conozco- son muy similares a éste. ¿Por qué? Creo que los argumentos que se han utilizado en este juicio son perfectamente válidos en muchos de los que la SGAE sigue contra corporaciones locales. ¿Empezará a valorarse este criterio de la "no organización" para decidir estos procesos?

En todo caso, me imagino que si estas resoluciones empiezan a abundar, la estrategia de la SGAE cambiará y comenzarán a controlar las actividades de las asociaciones culturales y vecinales, y de las comisiones de fiestas que las organizan y se encargan de las contrataciones, si bien por su naturaleza son más difíciles de localizar y su solvencia -aunque depende del caso concreto- suele ser menor que la de la Administración local.