Consecuencias del escándalo de la SGAE: la dimisión de Bautista, sólo el principio

Las consecuencias del escándalo SGAE, desatado por las pesquisas del juez de la Audiencia Nacional Juan Ruz, que saltaron a la prensa coincidiendo con la celebración de elecciones en la sociedad, se suceden sin pausa y afectan a aspectos muy diversos del funcionamiento de la entidad, de sus órganos internos; alcanzan ineludiblemente al Ministerio de Cultura y a su titular, la Ministra González-Sinde, y traen a la escena a ¿nuevos? personajes del mundo de la política y la cultura.

Vamos por partes.

La noticia saltó el día 12 de julio: tras resistirse durante los días anteriores, Eduardo Bautista finalmente ha renunciado a sus cargos en la SGAE. Lo anunció públicamente al inicio de la primera reunión de la nueva Junta Directiva de la SGAE, cuya elección el pasado día 30 de junio suposo su renovación en el cargo de Presidente.

En ese mismo acto, la Junta Directiva tomó una serie de decisiones relativas a la actual situación de la entidad, y entre ellas, la de crear una comisión gestora que se encargará de investigar, de depurar responsabilidades y de elaborar un informe interno que remitirán a la Audiencia Nacional, como apoyo se entiende a la investigación del caso.

¿Quiénes son los miembros de esta comisión?

- Tomás Marco, compositor, historiador de la música y ensayista, entre otros muchas ocupaciones y cargos, desempeñó entre el 96 y el 99 el de Director General del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales, el INAEM.

- Víctor Manuel, muy conocido en su faceta de cantante, pero también productor musical.

- Imanol Uribe, cineasta, director de películas como "Días contados" y "El rey pasmado", por las que fue galardonado en el Festival de San Sebastián y con el Goya.

- Ernesto Caballero, dramaturgo.

- Álvaro de Torres, editor musical perteneciente a Warner-Chappell.

Se anunció también en ese momento que  al frente de la comisión se nombraría a un profesional ajeno a la SGAE; finalmente se confirmó que esta persona será Miguel Satrústegui, que fue Subsecretario de Cultura en el Gobierno de Felipe González entre los años 87 y 89, y más recientemente Secretario del Consejo de Administración de Promoción de Informaciones, S.A. (PRISA), cargo que abandonó en febrero de 2009, coincidiendo con un mínimo histórico en el precio de sus acciones, tal y como se barajaba desde un principio. 

Este nombramiento ha sido criticado por algunos miembros de la SGAE, como el actor y realizador Achero Mañas en una dura comunicación, quien considera innecesario para sanear la institución introducir a alguien ajeno a ella, y aduce que "lo que necesitamos es transparencia en la gestión (lo que se ha echado en falta en los últimos años) y unidad  profesional frente a la crisis para que en este momento caótico las decisiones sean avaladas por la totalidad de los socios". Pide, además, que en la próxima Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 20, se incluya la discusión sobre el nombramiento de Satrústegui.

Precisamente Mañas es firmante, entre otros (inicialmente, alrededor de un centenar, y según las últimas noticias ya van cerca de 500) de un Manifiesto a través del que un grupo de miembros de la SGAE, pertenecientes en su mayoría a los ámbitos escénico y cinematográfico, piden la refundación de la entidad. Sus objetivos directos, dos:

- la convocatoria inmediata de una Asamblea General, que finalmente, como hemos comentado, ha quedado fijada para el próximo miércoles, día 20.

- la creación de una Comisión Rectora Unitaria, que debería estar integrada por tres representantes de cada una de las candidaturas que han competido en las últimas elecciones -CPAC, ganadora y continuista, y DOM, encabezada por José Miguel Fernández Sastrón-, más cinco vocales independientes, uno de los cuales habría de presidir la nueva comisión.

Esta Comisión, según los firmantes del Manifiesto, debería centrarse en la defensa de la profesión y de la propiedad intelectual; por lo que respecta a los hechos de la trama SAGA, en la exigencia de responsabilidades si se comprobaran los hechos delictivos, y la convocatoria de nuevas elecciones con un nuevo reglamento electoral que amplíe decididamente el censo y contemple listas abiertas y limitación de mandato. En la actualidad, sólo tienen derecho a voto una ínfima proporción de sus miembros, circunstancia que permite adjetivar a la SGAE como un organismo poco democrático.

Como veis, hay muchísimos movimientos en un momento (pasado un breve estupor inicial ante la cantidad, calidad y magnitud de las acusaciones vertidas contra la directiva de la SGAE), en que las circunstancias han abierto paso, de golpe, a toda la presión crítica que lleva años acumulándose en diversos colectivos, incluidos los propios autores de la SGAE, y en el que todos se preocupan de tomar posiciones rápidamente. Un punto crítico, sin duda, para la revisión del actual modelo de gestión de los derechos de autor, y para el planteamiento de nuevas fórmulas que podrían reconciliar a la SGAE con la sociedad... y con sus propios socios.